María Isabel Loja-Loja, una ciudadana ecuatoriana con cuatro meses de embarazo, ha logrado frenar momentáneamente su expulsión de Estados Unidos gracias a una orden de emergencia emitida por un juez federal en Boston. La mujer y sus dos hijas tenían previsto ser deportadas el pasado 2 de mayo como parte de las políticas migratorias vigentes, a pesar de que Loja-Loja cuenta con una solicitud pendiente de la “visa T”, un estatus legal otorgado a víctimas de trata de personas. Según su defensa, la mujer fue víctima de este delito en 2024 y ha recibido amenazas directas contra la integridad de sus hijos por parte de traficantes.
El caso ha puesto de relieve un cambio en las políticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que en 2025 revocó la discrecionalidad que permitía aplazar deportaciones de solicitantes de visas para víctimas de delitos. Mientras que el gobierno argumenta que una solicitud pendiente no confiere estatus legal y que se prioriza la expulsión de todo extranjero indocumentado, los abogados de la mujer sostienen que se está violando el derecho al debido proceso. Loja-Loja, quien anteriormente trabajaba combatiendo la delincuencia organizada en una zona rural de Ecuador, afirma que el incremento de la criminalidad y las amenazas específicas que enfrenta la convierten en un blanco mortal si es obligada a retornar a su país de origen.
