A 75 días de las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la Policía Nacional dispone de una unidad conformada por 2.000 efectivos capacitados para resguardar a las autoridades del Estado y brindar protección a los candidatos que participen en la contienda del 29 de noviembre. La medida busca garantizar la integridad de los postulantes inscritos en un proceso que actualmente registra 21.130 candidaturas oficialmente calificadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), a la espera de la definición final de listas prevista para el 9 de noviembre.
El protocolo para activar la protección responde al análisis de riesgo individualizado ejecutado en coordinación entre el CNE, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, esquema reforzado tras el asesinato del excandidato Fernando Villavicencio en 2023. Aunque el servicio no cuenta con una partida presupuestaria fija y los gastos de movilización iniciales deben ser asumidos por los solicitantes, la institución policial destinará un despliegue general de 57.000 uniformados a escala nacional para custodiar los recintos y el material electoral.
Paralelamente, el convenio interinstitucional entre el CNE y la institución del orden contempla la transferencia de $ 6′553.027 para financiar la logística del operativo de seguridad en zonas sensibles. Este presupuesto cubrirá el resguardo de las sedes electorales, bodegas y Centros de Procesamiento de Actas, así como la inspección antiexplosivos y antinarcóticos de los kits de votación y el transporte del material de escrutinio durante la jornada comicial.
