La organización no gubernamental Provea, junto a otras diez entidades civiles, ha solicitado formalmente a la Asamblea Nacional de Venezuela un proceso de selección abierto y auditable para la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo. La petición surge tras advertir que el actual Comité de Evaluación de Postulaciones está compuesto exclusivamente por diputados, mayoritariamente del partido oficialista, lo que vulnera el principio de pluralidad exigido por la Ley del Poder Ciudadano. Las organizaciones demandan la publicación de baremos curriculares y la realización de entrevistas públicas que permitan a la sociedad civil objetar candidatos, argumentando que una designación a puerta cerrada carece de la legitimidad necesaria para estas instituciones fundamentales del Estado.
Este proceso de renovación ocurre tras las dimisiones de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, en un contexto político marcado por la captura de Nicolás Maduro en enero pasado. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, se ha sumado al llamado de transparencia, señalando que el nombramiento de autoridades independientes es un paso crucial para la reconciliación nacional. Hasta el momento, el Parlamento ha recibido veintiuna postulaciones, entre las que figuran nombres como el periodista Vladimir Villegas y la exlegisladora Marialbert Barrios. Las ONG insisten en que los criterios de evaluación deben basarse en la idoneidad profesional y no en la lealtad política, para garantizar la autonomía de los organismos encargados de proteger los derechos humanos.
